La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de 100 organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas han denunciado una y otra vez las deficiencias de la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, quien, acusan, busca intereses personales al aprobarla.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Ley General de Biodiversidad (LGB) “abre la puerta” a la violación de derechos humanos e indígenas, además de vulnerar ecosistemas y especies ya amenazadas, sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobarla en fast track, denuncia una centena de organizaciones de la sociedad civil.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas han denunciado una y otra vez las deficiencias de la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, quien, acusan, busca intereses personales al aprobarla.
El pasado jueves 22 de febrero, el Diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó a reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”, dio a conocer la Coalición. La votación se llevaría a cabo el lunes a las 11 de la mañana, pero, Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico informó a SinEmbargo que la reunión fue cancelada, sin que se conozca aún la nueva fecha.
Los inconformes denuncian que la minuta pretender aprobarse sin la realización de un proceso adecuado de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e incluso pasando por alto el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que solicitó que las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climático emitieran su opinión al respecto.
En entrevista para este medio informativo, Amelia Arreguín, integrante del comité nacional de Global Youth Biodiversity Network, afirmó que la LGB pone en riesgo el presente y el futuro, ya que violaría el derecho humano a un medio ambiente sano, primordialmente.
“Esta Ley solamente favorece el ámbito económico, pero el futuro no sólo depende de lo económico, sino también de contar con un medio ambiente sano en el que podamos desarrollarnos como personas. Esto quiere decir que debemos tener aire limpio, servicios ecosistémicos adecuados y soberanía alimentaria”.
En el mismo sentido, Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, criticó que el documento de la LGB además de no prever mecanismos de consulta, es regresiva en materia ambiental. También afirmó que el PVEM actúa contrario a los principios de cuidado del medio ambiente que debiera acatar: “Los legisladores del Partido Verde se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la sociedad civil porque cada iniciativa que sacan, los ciudadanos tienen que estarse movilizando por la cantidad de contenidos regresivos que regularmente llevan sus propuestas”.
“Que no nos vengan con una Ley que en pleno siglo XXI traiga procedimientos de hace 80 años. El Partido Verde insiste en llevar a cabo prácticas parlamentarias del siglo XIX cuando los legisladores no tenían que rendir cuentas a nadie”, agregó.
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