viernes, 13 de abril de 2018

Evaluarán de manera interna participación de “Marichuy” y el Concejo Indígena de Gobierno en el proceso electoral



El Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hicieron un llamado a la ciudadanía para participar en el “Primer Encuentro Metropolitano de Redes, Colectivos, Organizaciones, Individu@s y adherentes a la Sexta en apoyo al CIG y su vocera Marichuy” que tendrá como fin establecer parámetros para continuar con sus actividades dentro y fuera de las comunidades indígenas.



Convocatoria al “Primer Encuentro Metropolitano de Redes, Colectivos, Organizaciones, Individu@s y adherentes a la Sexta en apoyo al CIG y su vocera Marichuy”.

A las y los compañeros que firmaron por la ex-aspirante independiente María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”; mujer indígena perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI) y vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG); a las redes de apoyo de la zona metropolitana, colectivos y simpatizantes en apoyo al CIG, adherentes a la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”; trabajadores del campo y la ciudad, mujeres y hombres que luchan y se esfuerzan contra el capitalismo en el mundo y especialmente en la megalópolis mexicana; a todos ustedes los saludamos.

Atendemos el llamado hecho por el CNI, el CIG, la Asociación Civil “Llego la hora del Florecimiento de los Pueblos” y del EZLN hecho en la reciente “Convocatoria al siguiente paso en la Lucha” en sus últimos 2 párrafos: “Les invitamos también a que, a iniciativa propia y según sus propios criterios, modos y tiempos, realicen actividades de análisis y valoración de lo que sucede en México y el mundo. Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y la vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe sólo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las geografías de quienes allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen”.

Nosotros como grupo de colectivos e individualidades de la zona metropolitana de la Ciudad de México que vivimos y fuimos parte activa del pasado proceso de recabar firmas para el registro de la candidatura de la vocera del CIG, Marichuy y, haciendo eco con nuestras acciones de organización, nos hemos dado a la tarea de ir tejiendo nuestros pasos, pues el otro objetivo paralelo y crucial, es decir, el dar a conocer las problemáticas de los pueblos originarios y abonar a la organización de los oprimidos y explotados, se ha empezado a cumplir y ahora más que nunca se hace imprescindible ahondarlo, sobre todo a un nivel llevado a tierra y con propósitos concretos para cada territorio y espacio.

Considerando lo anterior, de iniciativa propia y según nuestros propios criterios, modos y tiempos, convocamos a esta actividad de análisis y valoración de lo que sucede en México y el mundo. Porque como lo dijeron una y otra vez el CIG y la vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe sólo a México. Los invitamos, pues, el día 14 de abril de 2018 en el local del SITUAM (Av. Calzada de Tlalpan # 1036 Col. Nativitas, del. Benito Juárez) en un horario de 9:30 a 18:00 hrs. Bajo este entendido pretendemos desarrollar los siguientes temas:

Introducción y bienvenida: registro y lectura de documento de apertura (9:30 a 10:00 hrs. aprox.)

a) Balance de la campaña y del proceso del CIG. (10 a 11 hrs.)
b) Análisis internacional, nacional y metropolitano. (11 a 12 hrs.)
c) Propuestas de organización y movilización en torno a 4 ejes: (12 a 14 hrs. – descanso de 14 a 15 hrs. – y de 15 a 18hrs, 18 a 19 hrs. conclusiones generales)
– ¿Cómo le echamos a perder la fiesta electoral al régimen?

– Apoyo y difusión de las propuestas del CNI-CIG-EZLN.

– Alternativas para los problemas de la zona metropolitana (damnificados, despojo y megaproyectos, inseguridad, feminicidios, presos y desaparecidos, infraestructura y servicios públicos, etc.).

– Construcción de un referente de organización y articulación.

Invitamos a todos los interesados a enviar sus participaciones en torno a cualquiera de los 3 incisos anteriores del 5 a 13 de abril al correo: organicemosnuestrasrabias@gmail.com. El envío de dichas participaciones no es condición para que cualquier interesado participe de viva voz o con una participación escrita el día del evento ya que únicamente servirá para ayudar a la “memoria” que se realizará del encuentro.

Disculpen las molestias que nuestra alegre rebeldía provoca, pero estamos construyendo colectividad, autonomía, organización, desde abajo y a la izquierda.

¡Convirtamos nuestras rabias en organización!

Ciudad de México, abril de 2018

Comité organizador del “Primer Encuentro Metropolitano de Redes, Colectivos, Organizaciones, Individu@s y adherentes a la Sexta en apoyo al CIG y su vocera Marichuy”.

 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2018/04/evaluaran-de-manera-interna-participacion-de-marichuy-y-el-concejo-indigena-de-gobierno-en-el-proceso-electoral/

Colectivos de familiares de desaparecidos logran acuerdos con la Segob

La modificación del acuerdo de adscripción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la apertura de un espacio para las familias de desaparecidos en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el impulso de la iniciativa en materia de declaración de ausencia por desaparición fueron algunos compromisos que colectivos de familiares de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.
De acuerdo con Yolanda Morán Isais, de Fuerzas Unidas pro Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), y Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito de Veracruz –ambos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México–, en la reunión de casi una hora con el funcionario federal, decenas de familiares de desaparecidos le expresaron sus inconformidades por no dar continuidad a los acuerdos sostenidos con la anterior administración de proveer de las facultades necesarias a la CNB para garantizar la efectiva búsqueda de las víctimas del flagelo.
“Lo único que exigimos es que cumpliera lo que los familiares ya veníamos trabajando desde hace años. No se trata de ninguna concesión. Yo le dije al secretario ‘usted sólo tiene dos opciones: ser el malo de la película que no hizo nada para que se implementara la ley o que en el último tramo del sexenio le echó todos los kilos para avanzar”, contó Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández, desaparecido por militares en 2008 en Torreón, Coahuila.
El encuentro de este jueves con Navarrete Prida –quien estuvo presente menos de una hora y luego dejó al mando al subsecretario Rafael Avante– fue el resultado de una reunión previa con el titular de la Segob en Coahuila la semana pasada.
Según Yolanda Morán, el objetivo principal de la junta era concretar el compromiso que en la entidad norteña hizo el secretario de modificar el acuerdo por el que se adscribía a la CNB bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“Él se quiso disculpar diciendo que creía que dejando a la CNB por debajo de la CNS las familias íbamos a contar con la Policía Federal para realizar el trabajo de búsqueda. Pero nosotros le recordamos que la misma ley dice que la CNB tendrá amplias facultades de coordinación nacional y que, con el equipo anterior, habíamos quedado en que no se iban a tomar decisiones sin nosotros”, apuntó.
La activista explicó que entre los puntos expuestos por los familiares estuvieron las preocupaciones por la falta de implementación en los estados de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con dicha legislación, cada entidad federativa debe contar con un área específica de investigación de casos de desaparición dentro de las fiscalías o procuradurías, una comisión local de búsqueda y un consejo ciudadano, apuntó Morán.
Compromisos
Entre los compromisos que los familiares alcanzaron con Navarrete –continuó– resalta que este viernes 13 se publicará en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo para que la CNB quede bajo la adscripción y coordinación del secretario de Gobernación.
Además, durante la próxima reunión de la Conago del 17 de mayo, se deberá “abrir un espacio a las familias para sensibilizar a los gobernadores sobre la implementación de la ley”. También se tendrá que apoyar financieramente a las entidades para la creación de las instancias de búsqueda e investigación de casos de desaparición; así como respaldar la iniciativa sobre la Ley General de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, “que las familias ya trabajaron en el Senado de la República”.
Otros puntos aceptados por Navarrete Prida consisten en: trabajar en la elaboración de un reglamento de la ley para la conformación del Consejo Nacional Ciudadano, cuyos integrantes se darán a conocer la próxima semana en el Senado. Además, la dependencia cruzará la información de las distintas bases de datos para la identificación de restos y tomará en cuenta a las familias para las medidas que deban tomar para la correcta implementación de la ley.
Lucía Díaz Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes, desaparecido en 2013, añadió que la de este jueves “fue una reunión muy difícil, llena de dolor, de frustración de decenas de familiares por la falta de actuación de las autoridades para la localización de sus seres queridos”.
La madre de familia reconoció que fue la primera vez que un funcionario de alto nivel se reunió con un grupo tan numeroso de familiares de desaparecidos, lo que provocó que algunos le dieran a Navarrete Prida “el beneficio de la duda (pues) parece ser un funcionario muy práctico, aunque nos dejó porque dijo que iba a entregar documentación a las iglesias”.
En la reunión, Díaz Genao cuestionó al titular de la Segob por la inexistencia de un reglamento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y consideró que, aunque no deja de ser importante la reunión, “desde el punto de vista de la administración de Enrique Peña Nieto llega tarde y sin los recursos suficientes para atender el tamaño del problema”.

jueves, 12 de abril de 2018

Mensajes de Blackberry revelan que los desaparecidos de Ayotzinapa son más de 43



A casi cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (México), el 26 de septiembre de 2014, han salido a la luz nuevas informaciones sobre el caso que ha marcado con sangre la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Fueron más de 43, aquella noche habrían desaparecido entre 50 y 60 personas, según informa hoy Reforma, de acuerdo a mensajes de los sicarios a los que tuvo acceso. Además, en los hechos participaron policías de Cocula y Huitzuco.

¿De dónde ha salido esta cifra? Surge de conversaciones telefónicas entre líderes del cártel Guerreros Unidos (GU) en Chicago (EE.UU.) y sicarios en Iguala que han sido interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez. En ellas, los sicarios también ordenaron desde Estados Unidos que se involucrara a policías en la detención de los estudiantes.

Grabadas a través de mensajes de Blackberry, estas conversaciones telefónicas forman parte de un expediente judicial de ocho jefes de GU que están detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga, pero no han sido interrogados por los hechos de Guerrero.

Algunas transcripciones de los mensajes han sido compartidas por el Gobierno estadounidense con la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, parte de ellas se han compartido en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y familiares de los 43 estudiantes que siguen desaparecidos.

El dato que hoy ha vuelto a poner en la mira el caso de Ayotzinapa es un número mayor de desaparecidos que el reportado hace cuatro años por las autoridades mexicanas. Los mismos sicarios en Chicago comentan versiones diferentes de esta cifra e ignoran el paradero de los estudiantes.

En una de las conversaciones, según Reforma, los delincuentes hablan de "60 paquetes" en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas. Una semana después de los hechos, Pablo Vega, uno de los capos detenidos en Chicago, afirma en otro mensaje a 'Covra' que hay "50 chavos desaparecidos", quien le responde:

En la madre. Tantos dónde los metieron? Tantos.

Hasta ahora, solamente se han encontrado los restos de uno de los jóvenes y se han detenido a 120 personas, de las cuales cuatro son sospechosas de tentativa de homicidio u homicidio, según información oficial. Ahora, las nuevas pistas dejan nuevas dudas y reclamos para el Gobierno mexicano.

De esta manera, una vez más la tecnología ha ayudado a encontrar pistas en un caso policial. En Alemania, investigadores alemanes usaron datos de la aplicación Apple Health como evidencia en un caso de violación y asesinato. Por otro lado, la policía de Colorado (Estados Unidos) acudió a Snapchat en un caso de asesinato por drogas en el que creen que la víctima y los sospechosos pactaron mediante mensajes en la app un trato de drogas que derivó en el homicidio.

https://hipertextual.com/2018/04/mensajes-blackberry-ayotzinapa-mas-43

¿Para qué alcanza con el salario mínimo? Una persona requiere 99.51 pesos diarios para cubrir sus necesidades



Dos de los candidatos a la presidencia de México han propuesto aumentar el salario mínimo si ganan la elección el próximo 1 de julio.

Actualmente, el salario mínimo es de 88.36 pesos al día, esto equivale a 2,650 pesos mensuales, pero para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la línea de bienestar (que incluye la canasta alimentaria y no alimentaria) al mes de marzo, es de 2,985.48 pesos por persona. Es decir, con el salario mínimo actual faltarían 335 pesos para tener “una vida digna”.

El candidato presidencial, Ricardo Anaya, dijo que de ganar la elección del 1 de julio, aumentará el salario mínimo a partir de diciembre de este año a 100 pesos y, lo duplicará en 2022, para que se logré un nivel acorde a la canasta de bienestar establecida por el Coneval.

Sostuvo que en diciembre de 2018, convocaría a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), para llevar el salario al nivel de la canasta alimentaria y, también se cambiaría el mecanismo para fijar el salario mínimo.

Mientras que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y el PES, propone aumentar el salario mínimo gradualmente hasta llegar a 176.72 pesos aproximadamente hacia el final de su mandato en el 2024, según Luisa María Alcalde, su asesora en temas de trabajo y previsión social.

De acuerdo con el Coneval, por persona se requieren 99.51 pesos al día para comprar la canasta alimentaria y no alimentaria. Así que la propuesta  de Anaya y de AMLO de aumentar el salario mínimo rebasaría el monto que se requiere para tener una vida digna, al menos al día de hoy.

¿Cuánto necesita una familia para cubrir sus necesidades básicas?
Un ingreso de al menos 11, 941 pesos al mes es lo que necesita una familia mexicana promedio de cuatro integrantes (papá, mamá y dos hijos) para cubrir sus necesidades básicas, considerando la línea de bienestar que propone la instancia que mide la pobreza.

La familia de Ernestina es de cuatro integrantes, ella y su esposo trabajan, pero su sueldo es de dos salarios mínimos, es decir, cada uno gana 5, 300 pesos mensuales. Entre los dos acumulan un ingreso de 10,600 pesos. Una cifra lejana a los 11, 941 pesos que necesitaría su familia para alcanzar la línea de bienestar mínimo.

El costo mensual de la canasta alimentaria urbana es de 1,482 pesos (49.40 pesos al día), en ella se incluyen alimentos como la carne de cerdo, carnes procesadas, pollo, pescados frescos, leche, quesos, derivados de la leche, huevos, aceites; tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas; azúcares y mieles, alimentos preparados para consumir en casa y bebidas no alcohólicas.

Mientras que la canasta básica no alimentaria, que incluye los gastos por transporte público, limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales; educación, cultura, recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda y artículos de esparcimiento, tiene un costo de 1,502 pesos al mes (50 pesos al día).

Si Ernestina y su esposo repartieran su ingreso entre la familia y cada uno se quedara con los 99.51 pesos al día que se propone “para tener una vida digna”, tendrían un desembolso total de 398 pesos al día, cuando ellos suman entre los dos un ingreso total de 353 pesos diarios. Les faltarían 45 pesos.

8.13 pesos al día se necesita para transportarse
Dentro de las consideraciones de Coneval se promedia un gasto de 8.13 pesos en transporte al día, es decir, 243.99 pesos al mes. Pero eso supera su realidad. Tan solo Ernestina, quien vive en Iztapalapa y trabaja por el centro de la ciudad, gasta 5 pesos en un microbús que la lleva al metro Constitución, luego paga otros 5 pesos por un boleto del Metro. Diariamente necesita para ir y regresar de su trabajo 20 pesos. Su esposo que labora por el Ajusco necesita 32 pesos en total.

Según la información del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza del Coneval, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó de 40 por ciento a 41 por ciento entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017.

Estas cifras indican que hay 50 millones 832 mil 863 personas a las que les resulta complicado consumir un huevo al día, un vaso de leche, una pieza de pollo, o una rebanada de pan.

En 20 de 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Hidalgo, Ciudad de México y Tabasco, con incrementos de 8.6, 6.8 y 5.9 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017, respectivamente.

Lee: A más de 50 millones de mexicanos el salario no les alcanza para comprar una canasta alimentaria

Sólo hace 30 años un salario alcanzaba para comer
En los años en los que se ha hecho la comparación de la canasta alimentaria básica y el salario, sólo ha existido un momento en la historia donde el salario permitía adquirir los alimentos recomendables y después de ello tener un sobrante.

“Fue el 16 de diciembre de 1987 (hace 30 años) fecha en la que con un salario mínimo alcanzaba para comer y hasta un poco más”, sostuvo en entrevista Luis Lozano Arredondo, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

De acuerdo con la investigación en la que participó: México 2018: otra derrota social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos, ahora un trabajador con un salario mínimo necesitaría laborar 24 horas y 31 minutos para comprar los artículos de una canasta alimenticia. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, era necesario trabajar 21 horas y 13 minutos.

Desde hace 30 años, las alzas del salario mínimo mexicano han sido insuficientes para aumentar el poder de compra de los trabajadores. En las últimas tres décadas la pérdida acumulada del poder adquisitivo de un trabajador en México es del 80.8%, refiere el estudio.

Un mexicano trabaja en promedio 2 mil 246 horas al año, casi 500 horas más que el resto de los países pertenecientes a la OCDE, quienes trabajan mil 776 horas por año aproximadamente.

Según el organismo, los países más prósperos laboran menos horas. Los trabajadores alemanes son los que menos trabajan, sumando mil 371 horas laborables al año.

Para Lozano, en México hay un tope constitucional de 48 horas de trabajo a la semana, sin embargo, esas horas aumentan más allá del tiempo extra, ahora tenemos la llamada “hora quebrada”.

Es decir, se trabaja cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde y hay dos horas o una hora y media intermedia “perdidas” para comer, en donde el trabajador no puede ni siquiera regresar a su casa debido a los largos trayectos que tiene que recorrer a su empleo.

A esto se suma, explica Lozano, el rolar turnos, un día citan a los empleados en la mañana, otros por la tarde, lo cual obliga a la gente a comprometer sus 24 horas.

“Las condiciones laborales están mal. El salario mínimo es un crimen contra la clase trabajadora porque con él no se puede adquirir ni siquiera lo mínimo indispensable”, asegura el investigador.

https://www.animalpolitico.com/2018/04/para-que-alcanza-salario-minimo-canasta-basica/

Amparo frena explosiones en la mina La Pitalla

Un amparo concedido a los residentes del municipio de La Colorada ordenó que frenara las explosiones realizadas en la mina La Pitalla, propiedad del consorcio canadiense Argonaut Gold Inc, que cotiza en la bolsa de Toronto con las siglas TSX:AR.

Este juicio de garantías con número de expediente 336/ 2018 fue otorgado a los habitantes bajo el argumento de que las voladuras y sus consecuentes detonaciones ponen el riesgo la vida de los habitantes debido a que viviendas y espacios públicos han sufrido daños en su infraestructura.

La orden fue signada por un juez del Tercer Distrito el 20 de marzo anterior y desde inicios de abril las detonaciones mineras frenaron.

El abogado Osvaldo Contreras explicó en el espacio informativo de Vigilia Sonora que el juicio de amparo se interpuso en contra del permiso de compra, almacenamiento, y consumo de explosivos en la industria de la minería expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La empresa está facultada por la Sedena para hacer detonaciones enseguida de las casas, entonces, este permiso afecta la salud, la vida, el medio ambiente, y en general, el modo de vida de los pobladores de La Colorada”, acusó.

También dijo que el permiso está mal otorgado porque afecta los derechos constitucionales y que los reconoce como seres humanos.

“La suspensión del uso de explosivos en La Colorada es definitivo en tanto se resuelva el juicio de amparo. Me parece muy acertada la decisión del juez por que se antepone la vida de los pobladores sobre los intereses particulares de la mineral”, destacó.

Y no es para menos la negativa judicial, en el corazón de la mina La Pitalla tienen un polvorín de 30 mil kilogramos de “alto explosivo”, 10 mil kilogramos de “agente explosivo” y 10 mil metros de “cordón detonante”, mil metros de “conductores” y 12 mil “iniciadores”, según permiso del 17 de febrero de 2012, otorgado por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos que expide la Sedena para almacenar este material a 100 metros del pueblo.

En alerta permanente

En esta comunidad rural, localizada a unos 45 kilómetros al sureste de Hermosillo, cada día hay un antes y un después de las explosiones o voladuras de la tarde.

Inician siempre con el atemorizante ulular de una sirena nacido en el tajo central de la mina donde se activan las descargas explosivas que a la postre cimbran la tierra y saturan, por segundos, el espectro de sonido del otrora ejido apacible.

Tras la voladura, que se puede dividir hasta en siete detonaciones diarias, siempre de lunes a viernes, se levantaban inmensas columnas de polvo que nacen en las entrañas de esta mina extendida a lo largo de 230 hectáreas y para este 2018 tienen una extensión aproximada de 600 hectáreas, en un predio superior a las mil hectáreas de superficie.

En promedio se realizan cinco voladuras semanales, divididas en 30 detonaciones, que al mes suman 120 y al cabo de un año se contabilizan mil 440. Desde 2012, los residentes de La Colorada han experimentado seis mil 840 explosiones.

En una comunicación oficial de este jueves 12, Argonaut Gold Inc., informó a sus inversores en Ontario, Canadá, que la mina La Pitalla tiene reservas de material dinamitado para que “las operaciones continúen normalmente” hasta el lunes 16, cuando se tiene programada la próxima audiencia que resolvería el fondo el juicio de amparo.

Según el portal del consorcio canadiense, en La Pitalla existen recursos minerales de 398 mil onzas de oro y 6.9 millones de onzas de plata, a razón de obtener 0.66 gramos del metal áureo por cada una de las 18.6 millones de toneladas en bancos de tierra “de clasificación”.

De esta manera, La Pitalla tiene un valor estimado de 11 mil 942 millones de pesos en recursos minerales, si se toman en cuenta que las 398 mil onzas de oro valen mil 339 dólares por onza. En tanto, las 6.9 millones de onzas de oro cuestan 16.52 dólares por onza.

Entonces, si se suman los 533.2 millones de dólares del oro, más los 113.9 millones de la plata se establece que Argonaut Gold Inc. en su proyecto de La Pitalla tiene un valor de 647.2 millones de dólares.

En enero de 2015, Apro documentó en el reportaje “En Sonora el oro es más preciado que la vida” que La Colorada es un municipio con mil 663 habitantes, de acuerdo con los datos del Inegi. Se ubica en el kilómetro 45 de la carretera federal 16, Hermosillo-Tecoripa. Fue fundada en 1741 por jesuitas mineros y revivió en 1895 con la llegada del tren a Sonora durante la dictadura de Porfirio Díaz.

Es un poblado de origen minero y los primeros moradores se asentaron a la vera de los arroyos donde “lavaban” el oro que era posible encontrar a simple vista en los cauces de la región.

La devastación, en una primera etapa, fue orquestada por los propietarios de la mina El Dorado que inició operaciones en 1989 y se retiró en 2005. Después arribó minera Pitalla, empresa mexicana con recursos canadienses de la firma metalúrgica Argonaut Gold Inc.

Hace tres años, el gerente de mina de La Pitalla, Francisco Badilla Peralta, explicó que las voladuras “desplazan” el suelo 1.5 centímetros por cada centímetro cuadrado, lo cual es “aceptable” porque los estándares internacionales y nacionales permiten el desplazamiento de hasta 6 centímetros por cada centímetro cuadrado.

En esa época la mina removía diariamente 50 mil 659 toneladas de material minado y en un periodo de un mes, un millón 144 mil 672 toneladas. Trituraba cada 24 horas 15 mil 966 toneladas que serían depositadas en los patios de lixiviados donde mediante una solución de cianuro de sodio el oro se separa de los minerales sin valor.

El gerente general de minera Pitalla, Francisco Abelais, reconoció que esta empresa es el “vecino incómodo” de La Colorada.

“Siempre lo he comentado a la comunidad: Somos el vecino incómodo. Por eso tratamos de minimizar cualquier efecto negativo a la comunidad.

“Sabemos que las voladuras son ruidosas y provocan vibraciones, por tal motivo monitoreamos cómo afectamos a la comunidad”, admitió el directivo minero.

El freno y la presión

Desde que llegó la prohibición, directivos de la empresa han amagado a la población de La Colorada con cerrar la empresa de manera definitiva y quitar las 65 becas escolares que otorga.

También ha motivado a los vecinos a colocar cartulinas por fuera de sus casas con leyendas en apoyo al consorcio.

Incluso, la presión ha llegado a tanto que el secretario de Economía estatal, Jorge Vidal, dijo al periódico Expreso que el cierre de la minera “acabaría” con las fuentes de trabajo de los residentes.

“Yo no veo capacidad de rescate por otro lado, y esto significaría que una población como La Colorada regresaría a sus orígenes”, atemorizó.
Lo cierto es que, desde el cierre minero, La Colorada volvió a su entorno apacible, sin el rumor incesante de las trituradoras que trabajaban 24 horas al día, sin las gigantescas columnas de tierra y sin las terrestres de las tardes.

https://www.proceso.com.mx/529666/amparo-frena-explosiones-en-la-mina-la-pitalla

Mensajes entre ‘Guerreros Unidos’ muestran “debilidad” de “verdad histórica” del caso Ayotzinapa: Centro Pro



Las conversaciones entre miembros del cártel Guerreros Unidos publicadas por Reforma corroboran que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH tenía razón en pedir al Estado Mexicano que agotara la línea de investigación sobre el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, dentro del caso Ayotzinapa, aseguró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


En un comunicado el Centro Pro afirmó que el reportaje firmado por Roberto Zamarripa, director de Información Nacional de Reforma, advierte que Guerreros Unidos es “una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal y cuyo organigrama real es aún desconocido”.

Las conversaciones interceptadas por agentes de seguridad estadounidenses también muestran, a juicio del Centro Pro, “la debilidad de la llamada verdad histórica”.

Un mensaje enviado a las 15:28 horas del 27 de septiembre de 2014, en la conversación entre miembros de Guerreros Unidos, habla de “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”. Suponiendo que la palabra “paquetes” se refiera a personas, el mensaje habla de 60 personas guardadas, pero según la versión de la Procuraduría General de la República a esa hora los estudiantes ya habían sido incinerados.





Además, añade el Centro Pro, la conversación entre los integrantes del grupo criminal permite afirmar que ellos supieron desde el principio que en los autobuses que atacaron viajaban normalistas de Ayotzinapa, derribando la hipótesis de que los miembros del cártel se hubieran confundido o hubieran pensado que el grupo de estudiantes estaba infiltrado por narcotraficantes.

Sin embargo, el propio texto de Reforma indica que “los integrantes de GU (Guerreros Unidos) creían que un grupo de Los Rojos, enviado por Santiago Mazari, alias “El carrete”, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival“.

“A casi 43 meses de los hechos, los mensajes confirman que el caso no puede cerrarse y que la explicación oficial que se ha dado es insatisfactoria. A la luz de la revelación de Reforma, exigimos que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de los mensajes, evitando un cierre precipitado con tintes electorales y que se profundice el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la colaboración de las agencias norteamericanas”, concluye el comunicado.

PGR oculta enorme red de complicidades: AI

Amnistía Internacional se sumó a la exigencia del Centro Pro y afirmó que es tiempo de que la PGR ajuste su investigación y se allegue de toda la evidencia disponible.

“La revelación de que el ataque a los estudiantes y a otras personas pudo estar dirigido, desde los Estados Unidos, por miembros de la delincuencia organizada debe mover a las autoridades mexicanas a abandonar finalmente su desacreditada teoría del caso y a comprometerse a investigar los hechos de forma seria y expedita”, indicó AI en un comunicado.

Afirmó que la PGR no ha atendido adecuadamente la línea de investigación sobre trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, “lo que parece ser un esfuerzo más por ocultar lo evidente: que este caso demuestra la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano que ha permitido la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.

Aumentan agresiones contra defensores de derechos humanos



Guerrero se encuentra entre los cuatro estados con más agresiones y violaciones contra defensores de derechos humanos en la República.  En 2017 hubo 21 casos de defensores ejecutados extrajudicialmente y 58 desaparecidos, según un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Es por ello que el 19 y 20 de septiembre se realizó en los municipios Chilapa y Chilpancingo una Misión de Observaciones con la finalidad de comprender la situación de desaparición forzada y de desplazamiento forzado vivido en la zona, así como los riesgos que enfrentan los defensores ante esta situación.

Tan sólo en 2016 se registraron 2015 asesinatos, 41 desaparecidos, 26 heridos y se hallaron 56 cuerpos en fosas clandestinas en Chilapa y Zitlala.

Los artículos 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el libre tránsito en un estado y escoger de manera libre su residencia. Los habitantes de Chilapa no han podido ejercer este derecho, ya que 500 personas fueron desplazadas del 7 al 9 de junio de 2017 como consecuencia de la violencia criminal que se vive ahí y se vieron forzados a desplazarse a otro municipio.

Los grupos defensores de derechos humanos sufren racismo, discriminación, violencia económica y patrimonial. “Existe una invisibilización estatal de la dramática situación que atraviesan víctimas y defensores, propiciada por el desinterés que tienen las autoridades por atender las demandas”, precisa el informe.

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/04/12/aumentan-agresiones-contra-defensores-de-derechos-humanos/